Mucho se está escribiendo sobre la reforma constitucional que presuntamente debe limitar el déficit público español en los próximos años. Todos estamos viendo declaraciones a diario denunciando que si nos han vendido a los Mercados, que si se ha modificado la Constitución con nocturnidad y alevosía, que si es inaceptable que se supedite el Estado del Bienestar al dictado de los Mercados, etc. Especial mención me merece el artículo publicado el pasado día 1 de Septiembre en GurusBlog con el excplícito título: «La diabólica cláusula de la Reforma de la Constitución que entrega España a los acreedores«. Por esta vez, y Dios me libre de que sirva de precedente :), voy a discrepar, o quizá matizar algunos de los argumentos de su autor Gurus Hucky.
Bien cierto es que, bajo la piel de cordero de limitar constitucionalmente la capacidad de déficit en las cuentas públicas, en realidad se está priorizando absolutamente el pago de la deuda pública y se está renunciando explícitamente a la inmunidad de la deuda soberana ante terceros. Y no es menos cierto que con esta reforma fulminante estamos también renunciando incluso a la capacidad de renegociar nuestra deuda. Hasta ahí estamos de acuerdo, y una vez más chapeau por la clarividencia de mi admirado Gurus Hucky.
No obstante no debemos olvidar nuestro orígen, los motivos que nos han llevado a hasta aquí. Y debemos ser plenamente conscientes de la situación extrema en la que se encuentra el Estado Español. Por no remontarnos más atrás, cuando nuestra situación económica y democrática era mucho más precaria, lo haremos a los últimos 20 años. En estas dos décadas el crecimiento económico español ha sido un espejismo creado a base del abuso del sector de la construcción, en un caldo de cultivo de intereses bajos y posterior flamante moneda única. Este cóctel, junto con nuestra idiosincrasia, nos hicieron creer que nuestras posibilidades de crecimiento, gasto y endeudamiento podrían prolongarse hasta el infinito y más allá. La megalomanía de Aznar y la ignorancia de Zapatero remaron en la misma dirección, dando rienda suelta y temeraria a españolitos de a pie que de la noche a la mañana, es decir en una sola generación, se convirtieron en millones de nuevos ricos a crédito.
Las reglas del juego, además, cambiaron durante estos años sin que nadie aparentemente se diera cuenta de ello. La máquina de fabricar pesetas la habíamos desmantelado y trasladado al flamante y nuevo BCE. Y ahora ya no manejábamos depauperadas y devaluadas (¿añoradas?) pesetas, sino relucientes Euros, que discutían incluso el liderazgo de las divisas mundiales al mismísimo dólar norteamericano. Esa traslación de la capacidad de crear moneda a un tercero convirtió la deuda soberana de los países de la Eurozona en más arriesgada y dependiente de la bonanza económica del país, tal y como advertíamos hace un mes y medio en «La deuda europea es más deuda que las otras«. El razonamiento es muy sencillo: Un país soberano, a diferencia de un emisor privado, antes de perder su credibilidad internacional impagando sus deudas, simpre puede imprimir más dinero y cumplir con sus acreedores, a costa eso sí, del valor de su divisa, creando más dinero y por tanto inflación. Eso dañará su credibilidad futura, pero a corto el acreedor/inversor será satisfecho puntualmente. Por tanto, ante la citada doctrina de inmunidad de la deuda soberana, los inversores tienen una mayor seguridad prestando su dinero a Estados con capacidad de emitir dinero. Por eso, la deuda soberana de países de la zona Euro, sólo es solvente si las economías de los respectivos países emisores lo son. Exactamente igual que un bono de deuda corporativa lo es, dependiendo exclusivamente de la situación contable y perspectivas de su negocio.
Por todo ello, hasta hoy los inversores que financian deuda soberana como la española (portuguesa, griega, italiana, irlandesa o demás deuda periférica en apuros), tienen un panorama como para echarse a temblar. Ni los emisores son solventes, ni tienen capacidad de fabricar dinero, ni pueden actuar contra los deudores por la citada inmunidad de la deuda soberana. Por tanto, ¿qué podemos hacer los países como el nuestro ante una inminente y masiva fuga de la confianza de los inversores en la deuda soberana periférica? Muy fácil y a la vez imposible: Conseguir que nuestra economía crezca, se reduzca el paro, y que el déficit presupuestario se convierta en superávit de forma urgente e inmediata, ya que los vencimeintos de nuestra deuda viva se suceden sin parar y hay que seguir consiguiendo financiación (confianza) constantemente. Como resulta que con los políticos al mando de la Economía ese escenario va a ser que no, porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, ¿qué otra solución podemos implementar para mejorar las condiciones de nuestra deuda y restaurar así mínimamente la confianza de los inversores? Obviamente la salida del Euro y la recuperación de la capacidad de emitir divisa y política monetaria propia, mejoraría las perspectivas para los inversores, que inmediatamente exigirían unos tipos adecuados a cada realidad económica. Pero si esa opción por el momento tampoco es aceptable y sigue siendo tabú para @Merkozy y demás burócratas europeos, por eliminación no nos queda otra que ofrecer la renuncia de la inmunidad soberana a nuestros acreedores para tratar de retenerlos y evitar el colapso. Y es que poco márgen de maniobra más existe dentro de una Eurozona tal y como la conocemos hasta hoy. Por eso, volviendo al artículo de GurusBlog, no puedo mas que discrepar de frases como ésta: «[PP/PSOE]...han entregado España a los acreedores, y lo han hecho con nocturnidad y alevosía, con razón no se atreven a convocar un referendum. Yo es lo más cercano que conozco a un golpe de Estado, alguién debería demandar a los congresistas que votaron si por traición a la patria.» Según mi opinión, en realidad los demandados deberíamos ser todos nosotros.
Muchos reclaman un referendum para decidir la reforma constitucional. Y no se dan cuenta que eso hubiera sido tan absurdo como si se hubiese realizado en Argentina un referendum popular para que el pueblo decidiese la conveniencia o no del famoso corralito de hace poco más de una década. Exigir poder de decisión es no ser conscientes de que nuestra situación es verdaderamente extrema. La periferia europea no ha colapsado ya gracias a rescates y compras en la sombra del BCE. Lógicamente, la creación del Eurobono solucionaría el problema, pero hoy por hoy Alemania no está dispuesta a correr con la factura del desmadre periférico. Mientras tanto se gana tiempo al tiempo retrasando el colapso, mediante la compra «apagafuegos» de deuda periférica. Unas compras que viene realizando el BCE con nocturnidad y alevosía, al igual que sucede con la reforma constitucional española, pero esta vez para los ciudadanos alemanes. ¿O acaso no merecerían la población germana votar en referendum si permiten o no al BCE comprar deuda griega, portuguesa, italiana o española? Pero para evitar el estallido desordenado de la Eurozona, lamentablemente hay que obviar referendums, en uno y otro sentido. Además ni siquiera hay tiempo para ellos, puesto que los euroburócratas han perdido ya más de tres preciosos años.
Dejémonos ya de una vez de lamentar y culpar a los demás de nuestros males. Nadie nos ha obligado a abusar enfermizamente del ladrillo. Nadie nos ha obligado a creernos más ricos de lo que éramos en realidad. Nadie nos ha obligado a renunciar a nuestra divisa. Nadie nos ha obligado a renunciar a nuestra política monetaria. Nadie nos ha obligado a renunciar a la capacidad de imprimir dinero. Nadie nos ha obligado a basar nuestra credibilidad financiera exclusivamente en nuestra solvencia contable. Nadie nos ha obligado a elegir a unos gobernantes incapaces de reconducir nuestra economía a terreno positivo. Nadie nos ha obligado a ser cada vez más insolventes. Nadie nos ha obligado a endeudarnos hasta el infinito y más allá a nivel público y también privado. Y nadie nos ha obligado a depender absolutamente de la financiación de inversores externos. En definitiva, nadie nos ha obligado a alcanzar esta situación extrema al borde del colapso.
Llegados a este punto, somos nosotros mismos y nadie más los que esta vez sí que nos hemos obligado a convertir nuestra deuda pública en senior, por delante de los ciudadanos. A renunciar a la inmunidad de nuestra deuda soberana y a la capacidad de renegociarla en caso de apuro. Nos hemos obligado a reformar la Constitución para ofrecer desesperadamente mayores garantías a nuestros acreedores para que no nos abandonen, al menos inmediatamente. Unos acreedores de los que nos hemos hecho absolutamente dependientes por nuestra ya endémica mala cabeza. Qué cómodo ha sido durante años gastar más de lo que tenemos y presumir de Estado del bienestar, a costa de pedir dinero prestado infinitamente. Pues Señores, el infinito ha llegado a su fin, sorprendentemente para muchos.
Nuestra economía es como la de cualquier familia cuyos miembros están mayoritariamente sin empleo y con unas deudas gigantescas. Y lo que es peor aún, una familia que se resiste a renunciar a su bienestar a pesar de que eso le viene costando endeudarse más y más en los últimos años. Porque los ingresos de esta familia, al igual que los de España, se han ido reduciendo con la crisis. Sin embargo el cabeza de familia (el gobierno) se resiste a recortar sus gastos al nivel de sus ingresos. Son demasiados años acomodados en un Estado de bienestar debido. Pero la dura realidad es que nadie nos presta más, porque somos ya manifiestamente insolventes e incapaces de gastar menos de lo que ingresamos.
Podemos lamentarnos por la injusticia que suponen determinados recortes sociales o por el sufrimiento global que conlleva esta crisis económica. Podemos incluso estar en desacuerdo con las formas de la modificación de la Constitución. Pero estar en contra de la necesidad imperiosa e inmediata de hacer dicha reforma es ser demagógico, inconsciente de la crudísima realidad, o ambas cosas a la vez.